Un ciberataque a BAE Systems paraliza las notificaciones de los tribunales de quiebra de EE.UU.

Un ciberataque a BAE Systems, el contratista gubernamental que opera la infraestructura de notificaciones de quiebra del Poder Judicial federal de Estados Unidos, interrumpió las operaciones de los tribunales de quiebra en todo el país, anunció la Oficina Administrativa de los Tribunales de EE.UU. el 15 de octubre de 2026. El ataque derribó los sistemas del Centro de Notificaciones de Quiebra (BNC), deteniendo la producción y distribución de los avisos judiciales que informan a acreedores y otras partes sobre el desarrollo de los casos.

La interrupción afectó a varios dominios que BAE opera en nombre del Poder Judicial, incluidos bnc.uscourts.gov, bankruptcynotices.uscourts.gov y notices.uscourts.gov, junto con el Servicio Nacional de Registro de Acreedores que estos usan para inscribirse a notificaciones electrónicas. Con estos sistemas caídos, los tribunales perdieron su canal principal para mantener informados a los acreedores y otras partes sobre el estado de los casos — una función que, de no resolverse, puede retrasar plazos legales vinculados a la entrega de notificaciones en procedimientos de quiebra activos.

BAE Systems, el mayor contratista de defensa de Europa, también ofrece servicios empresariales de TI, nube y ciberseguridad a clientes gubernamentales, lo que la convierte en uno de varios grandes contratistas cuya propia postura de seguridad puede convertirse en un punto único de falla para las agencias que dependen de ella. La Oficina Administrativa dijo que está en contacto directo con los tribunales afectados y coordinando con BAE, a la que describió como “investigando activamente este incidente y trabajando para restaurar las operaciones”. Ni la Oficina Administrativa ni BAE nombraron a un presunto atacante ni confirmaron si se accedió a algún dato.

Este no es el primer incidente de ciberseguridad que afecta al sistema judicial federal. El Poder Judicial reveló una brecha en sus sistemas de gestión de casos, CM/ECF y PACER, en 2025, que según un informe de Politico pudo haber expuesto datos sensibles, incluidas las identidades de informantes confidenciales en expedientes sellados. El Poder Judicial añadió después controles de acceso más estrictos para documentos sellados, pero no ha confirmado el alcance de esa brecha anterior.

El incidente más reciente subraya un riesgo estructural en cómo el gobierno depende de un número reducido de grandes contratistas para operar infraestructura pública sensible: el fallo de seguridad de un solo contratista puede desencadenar la caída de una función federal con consecuencias legales reales para las personas a quienes el sistema debe servir, según reportó primero BleepingComputer.